El impacto de las políticas de conservación sobre las comunidades del Sureste de Madagascar que dependen del bosque. Lecciones para la sustentabilidad de las Nuevas Áreas Protegidas

8 / 2008 at 1:39 pm Leave a comment

Madagascar es uno de los países más empobrecidos del mundo. El 70% de sus habitantes vive por debajo del umbral de pobreza. La mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia en comunidades rurales aisladas, y depende de los recursos forestales para satisfaces sus necesidades cotidianas de leña (42% del consumo de madera), carbón (39%), madera de construcción y diversos productos forestales no madereros (ver ‘National Supply-Demand Study on Wood-based products, http://www.frameweb.org/ev_en.php?ID=64661_201&ID2=DO_TOPIC). Como ecosistema, los bosques proveen servicios esenciales y ocupan un lugar importante en el patrimonio cultural de dichas comunidades. La población rural aplica el método tradicional llamado tavy (cultivo de tala y quema) para preservar sus derechos territoriales consuetudinarios y conseguir tierras fértiles para la agricultura; además, los bosques suelen ser lugares de sepultura sagrados.

Madagascar es considerado a nivel mundial como un sitio prioritario para la conservación, debido a la sorprendente diversidad de la flora y fauna, mayormente endémicas, que contienen los ecosistemas boscosos de la isla. El problema de la degradación de los bosques primarios ha sido abundantemente documentado desde los años 1980. Dado que la diversidad biológica se considera “un recurso mundial colectivo”, las organizaciones conservacionistas internacionales dan mucha importancia a la conservación de los bosques de Madagascar. Gracias a esto, el Estado ha recibido considerable ayuda internacional para la aplicación de medidas de conservación durante casi dos décadas.

Este apoyo permitió financiar buena parte del Plan de Acción para el Medio Ambiente Nacional (NEAP), un programa de tres etapas que abarca el período 1991-2008, destinado principalmente a proteger y manejar la diversidad biológica como “patrimonio nacional”. Se creó un marco institucional, que incluye al nuevo Ministerio del Medio Ambiente y a la Asociación Nacional para la Gestión de las Áreas Protegidas (ANGAP) que ocupan 1.700.000 hectáreas. A continuación se restituyó a las comunidades la responsabilidad de la gestión, bajo la autoridad de los Comités de Gestión Comunitaria de los Bosques (COBA), que hacen respetar los derechos de uso y de explotación y prohiben el método tavy. El hecho más notorio que sucedió en el marco del NEAP fue quizás la decisión, tomada en 2003, de triplicar la superficie de las áreas protegidas. Se creó entonces el Sistema de Áreas Protegidas de Madagascar (SAPM), y 3,8 millones de hectáreas de bosques quedaron bajo un régimen de protección temporaria, denominado sistema NAP (Nuevas Áreas Protegidas).

La “visión de Durban”, que coincide con el CDB y con las recomendaciones de la UICN, es la más reciente respuesta del Estado al problema de la deforestación. Es evidente que la conservación de los bosques que quedan en Madagascar tiene una importancia crítica en varios niveles. Sin embargo, de 1991 a la fecha el país ha perdido casi un millón y medio de hectáreas de bosques primarios. La diversidad biológica se concentra ahora en 9 millones de hectáreas de ecosistemas boscosos. El hábitat más afectado es el bosque húmedo, principalmente en las zonas costeras. Cabe preguntarse entonces si el SAPM servirá para algo.

Las políticas de conservación del gobierno de Madagascar se basan en la exclusión y la aplicación de normas, partiendo de dos hipótesis: 1) que el cumplimiento de las leyes es una condición necesaria para la conservación de los recursos, y 2) que las comunidades son las principales responsables de la degradación y que, de no haber reglamentaciones, no se verán motivadas para conservar dichos recursos (ver también Horning 2008: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/15693430801912246). Estas reglamentaciones afectarán sobre todo a las comunidades dependientes de los bosques, muy a menudo acusadas de destruir el bosque, debido a su ignorancia de los daños que causan los métodos agrícolas tradicionales y también al crecimiento de la población, que provoca una explotación excesiva. Sin embargo, esta interpretación no tiene en cuenta que, en Madagascar, los mecanismos de conservación han sido siempre impuestos a las comunidades, y a menudo sin consultarlas. Para poder aplicar correctamente una política es necesario que los responsables, ya sea el Estado o las comunidades, tengan no sólo la intención sino también la posibilidad de respetar las normas. Las comunidades pueden tener la intención de hacerlo pero, en cuanto a su posibilidad de hacerlo, habrá que ver si el SAPM se ocupa de las causas profundas de la degradación. Si las NAP tienen consecuencias negativas para quienes dependen del bosque para su subsistencia, la durabilidad del SAPM se verá comprometida. Por ejemplo, prohibir el acceso a más de la mitad de los bosques naturales, sin proponer a cambio otras fuentes de energía, en un país que necesita 21,7 millones de metros cúbicos de madera por año, es justamente una de las cosas que afectarán a quienes deberían funcionar como intendentes del medio ambiente.

En la región de Anosy en el Sudeste, la pobreza llega a ser extrema. Allí se encuentran algunos de los mayores bosques litorales húmedos y de planicie que quedan, los cuales han sido designados de alta prioridad para la conservación. Estos bosques poseen una diversidad biológica increíble y se les considera como un recurso intacto de gran potencial económico para el futuro. En ellos fueron delimitadas catorce NAP, que se encuentran en diversas etapas. La más extensa (70.000 ha) es la de Tisongabarika (TGK), que será la reserva natural más grande del país. Esto incidirá sobre los medios de vida de 200.000 personas que viven en 37 aldeas. La zona es también la principal reserva de madera para casi toda la región. En 2005, la región de Anosy se convirtió también en escenario del primero de una serie de proyectos mineros. QIT Madagascar Mining (QMM), subsidiaria de Rio Tinto, fue autorizada por el gobierno a poner en práctica un programa de extracción de ilmenita que tuvo mucha incidencia sobre la conservación de los bosques de la zona. Los yacimientos están ubicados bajo los últimos bosques litorales intactos, que serán reemplazados por monocultivos de árboles exóticos. La empresa se comprometió a renunciar a parte de las ganancias para proteger los mayores fragmentos de bosque en las cercanías de los lugares propuestos y aprobados para las minas. Se trataba de algunas de las primeras NAP de la región, que más tarde fueron integradas a la red del SAPM. Algunos informes que fueron publicados señalan que las partes interesadas directamente afectadas por el proyecto, incluidas las comunidades dependientes de los bosques, no fueron suficientemente consultadas (se encontrará más información en el informe 2007 de Panos: http://www.panos.org.uk/?lid=242; la respuesta de Rio Tinto figura en: http://www.foe.co.uk/resource/reports/development_recast.pdf). Las ONG ambientalistas internacionales se han interesado mucho en el proyecto QMM y en el área protegida TGK, lo cual significa que hay un gran número de actores de peso, con puntos de vista e intereses quizás muy diferentes de los locales, que están siguiendo el desarrollo y la implementación del SAPM.

Azafady es una ONG malgache que trabaja desde hace 10 años con las comunidades dependientes de los bosques de la región de Anosy, en proyectos de desarrollo y de conservación. Desde el año 2000, Azafady es el interlocutor local de la comunidad de Ste. Luce, una población formada por tres aldeas cercanas al bosque litoral de Manafiafy, donde se ha propuesto ubicar las futuras minas. Los pobladores viven principalmente de las ganancias de la pesca, a las que se agregan los cultivos de subsistencia. Son muchas las familias que hacen sólo dos comidas por día, en las que la mandioca, una planta que soporta el suelo árido, es el principal ingrediente. Las aldeas encuentran en el bosque la leña, los materiales de construcción y de pesca y los medicamentos esenciales. El bosque que queda está muy fragmentado, e incluye 17 sectores que cubren 1.950 ha. Los dos fragmentos más grandes (el S9 y el S17) son los elegidos por QMM para la conservación. De la gestión se ocupa un comité integrado por representantes de la comunidad, del Ministerio del Medio Ambiente y de QMM, la subsidiaria de Rio Tinto. Desde que el manejo del bosque volvió a manos locales en 2003, el COBA administra los sectores de bosque destinados al uso local, aplicando los reglamentos y las tarifas que fijan las aldeas y el Ministerio del Medio Ambiente. Otro sector, el S8, es una “zona de conservación” donde está permitida la recolección de algunos productos, aunque la agricultura tavy está prohibida dentro y en torno del bosque. Este año, Azafady hizo un sondeo en 60 hogares, entre los que figuraban el del jefe de la aldea y los de los integrantes del COBA, para conocer la opinión y la posición de la comunidad sobre los mecanismos de conservación del bosque. Las repuestas recogidas y la experiencia de Azafady, que trabajó con los pobladores en proyectos de conservación, revelan que éstos están informados y comprometidos con el medio ambiente, y que están a favor de la protección, a pesar de los efectos negativos que tienen para ellos los medios de conservación elegidos por el Estado.

Las áreas protegidas son los fragmentos de bosque más cercanos al pueblo, y el lugar preferido por las familias de dos aldeas para recolectar leña y otros productos. Ahora deben ir mucho más lejos para satisfacer sus necesidades cotidianas. Las familias hicieron notar que debían caminar durante dos horas más por día para encontrar madera. Como las necesidades de la comunidad no disminuyeron, los fragmentos de bosque manejados por el COBA soportan mayores presiones que antes. El jefe del pueblo dijo que las nuevas normas de conservación no habían sido comunicadas adecuadamente a quienes más necesidad tenían de conocerlas, y que esto había provocado la criminalización de algunas personas. En 2006, seis aldeanos fueron multados, pero la decisión no fue aplicada. Los integrantes del COBA comentaron que a veces era difícil hacer respetar la prohibición del tavy, porque los vecinos no habían recibido a cambio otras tierras fértiles para cultivar. Otros dijeron que en las zonas donde está permitido juntar leña seca, algunos seguían cortando árboles en el bosque y los dejaban allí a secar, para luego recoger la madera. Los miembros del comité piensan que no sólo perdieron el acceso a muchos lugares del bosque sino que, además, tienen que encargarse de su manejo sin recompensa alguna (ver también Harbison 2007: http://www.business-humanrights.org/Categories/RegionsCountries/Africa/Madagascar). Las políticas adoptadas dieron a los pobladores la responsabilidad legal, sin ocuparse de los factores externos que originan la degradación y que podrían perpetuarla. Estas políticas no tuvieron las mismas consecuencias para todas las familias. Las de la tercera aldea, que siempre se abastecieron de leña en un fragmento diferente, piensan que sus medios de vida se vieron menos afectados que los de las familias de las otras dos aldeas. Los hogares más pobres son los más afectados, pues dependen más de la mandioca, que requiere un mayor consumo de combustible.

Sin embargo, la población local expresó ruidosamente su aprobación de la protección del bosque y la prohibición del tavy. Todas las personas entrevistadas estaban a favor de las zonas protegidas. La respuesta más frecuente fue que era necesario conservar el bosque para las generaciones futuras. El 90% de los entrevistados aprobaban la prohibición de la quema, por la misma razón. Estas declaraciones se vieron atenuadas luego por algunas salvedades: la gente no estaba satisfecha de tener que ir más lejos para encontrar leña, y no tenía más remedio que ir al bosque nativo. Más de la mitad opinó que el tavy era, como dijo una mujer, “malo pero necesario”, porque la gente necesitaba plantar. Otros dijeron que el tavy era necesario porque era la manera tradicional de lograr la propiedad de la tierra. Pero lo más importante es que los habitantes de Ste. Luce, aun siendo prisioneros de la pobreza y la malnutrición, no ignoran los problemas ambientales y comprenden que hay que proteger el bosque. Los aldeanos observaron que la calidad del suelo se estaba deteriorando porque había sido eliminada la cubierta boscosa. Tienen claro que necesitan conocimientos y apoyo para volverse menos dependientes del tavy y del bosque, pero dijeron que ese apoyo no era fácil de conseguir en su aldea. Estas declaraciones se ven confirmadas por pruebas sólidas de su mentalidad de buenos administradores. Desde 2003, toda la comunidad, incluso las mujeres y los niños, ha participado con entusiasmo en todas las actividades de reforestación de Azafady. El vivero de árboles de esta organización es ahora manejado localmente. Recolectan semillas de especies indígenas y se encargan de plantarlas en el vivero. La reforestación incluye algunas especies endémicas en peligro, además de otras que serán de utilidad para la comunidad. Las anécdotas de los aldeanos y de los miembros del comité sugieren que la gran mayoría respeta las áreas protegidas. Casi todos los entrevistados reconocieron que el COBA había logrado detener la corta de árboles y que habían visto muchos rebrotes en las zonas protegidas.

Cuando se creó el sistema de protección en el Sureste de Madagascar, la consulta a la población no fue suficiente. Por ese motivo, las políticas y los programas no tuvieron lo bastante en cuenta las realidades locales – en este caso, el complejo proceso histórico para la obtención de títulos de propiedad, el aislamiento geográfico de las comunidades, sus medios de subsistencia en una región de suelo pobre en nutrientes – y no previeron combatir simultáneamente las causas profundas de la degradación del bosque, es decir la falta de soluciones alternativas para las comunidades que de él dependen. Para cumplir eficazmente con su función de administradoras, las comunidades deben tener no sólo la responsabilidad sino también los recursos necesarios. Los campesinos de Ste. Luce comprenden los procesos ecológicos y el impacto de la presión humana sobre un recurso que es importante para el país y el mundo pero también para ellos en su vida cotidiana. Aprecian los valores del bosque, por los materiales que provee y la función que cumple en las prácticas culturales ancestrales. Estos valores no son los mismos que las ONG ambientalistas, las empresas o el gobierno atribuyen al bosque. Cuando se conserva el bosque por “la diversidad biológica” o por “los servicios del ecosistema”, eso significa que las medidas correspondientes no previeron para las comunidades otros recursos y otras estrategias de subsistencia. Un plan de gestión sostenible debe ser holístico y tomar en consideración las necesidades locales de crecimiento. Los representantes de la comunidad deben participar en la negociación en términos igualitarios, no solo porque tal es su derecho sino para garantizar la viabilidad de las NAP y la conservación del patrimonio natural de Madagascar, puesto que son sus principales usuarios. Como las relaciones de poder son desiguales, las ONG o las asociaciones que conocen la realidad local podrían contribuir a nivelar el terreno y a lograr que el diálogo entre las diversas partes sea realmente un diálogo.

Algunos cambios en el entorno político que se han dado en los últimos dos años hacen pensar que las partes interesadas regionales, nacionales e internacionales podrían estar llegando a la misma conclusión, y podrían tener efectos positivos sobre las posibilidades de conservar el bosque en el Sudeste de la isla. En 2006, el gobierno publicó el Plan de Acción para Madagascar (MAP), un marco estratégico de cinco años centrado en el desarrollo económico, que tiene por objetivo reducir la pobreza en un 50% (http://www.map.gov.mg). El plan considera los recursos naturales como la mejor carta que tiene el país para el desarrollo futuro, y su protección y manejo sostenible son declarados prioritarios. Reconoce que la población rural es el principal vector de las estrategias económicas y que los esfuerzos de conservación del Estado fracasarán si las comunidades dependientes del bosque no se identifican con el proceso de desarrollo. En lo referente al objetivo del MAP en materia de medio ambiente, la política llamada “Réserve Foncière pour le Reboisement” (RFR) prevé que las comunidades puedan obtener la propiedad y el manejo de las tierras que hayan reforestado, lo cual aporta a las poblaciones vecinas del SAP recursos alternativos. Azafady está implementando uno de los primeros proyectos RFR en la región de Anosy, con Ste. Luce y otros dos pueblos próximos al bosque costero. Estos pueblos destinaron 30 ha a la plantación de 36.000 árboles de crecimiento rápido para uso de la comunidad. En 2008, el proyecto plantó 12.000 árboles en una superficie de 10 ha, e instaló un vivero de 30.000 ejemplares, gracias a la participación y el entusiasmo de los aldeanos. Las mujeres pidieron y están asistiendo a un curso sobre fabricación de cocinas eficientes, otro aspecto del proyecto que les permite rebajar en un 80% el consumo de leña. Todos los aldeanos entrevistados se manifestaron favorables al proyecto debido a los beneficios que acarreará para sus hijos.

Es evidente, al menos en el papel, que para 2007-2008 se atribuyó a las comunidades dependientes del bosque un lugar más importante en la formulación de la estructura de gestión y del plan de manejo para cinco años del área protegida de Tsitongabarika. El proceso reunió a representantes de las comunidades, de ONG ambientalistas internacionales, de ONG y asociaciones locales, de los gobiernos nacional, regional y local, de los donantes y de empresas privadas. En la política de gestión, se considera que la conservación es indisociable de los aspectos sociales y humanos, y que la participación de las comunidades en los beneficios tangibles es esencial para que esta NAP tenga éxito donde otras fracasaron. El sistema de gestión escogido abarca no sólo las zonas protegidas (donde sólo puede haber actividades de ecoturismo), sino también zonas de conservación, donde las comunidades tendrán ciertos derechos de uso y de recolección, y las zonas de producción. Se incorpora el sistema KoloAla, que busca completar la Visión de Durban planificando las necesidades de leña, madera de construcción y productos forestales a largo plazo, por medio de un manejo eficaz y racional de los bosques de producción y las zonas de reforestación (ver documentos sobre KoloAla y SAPM en: http://www.frameweb.org/ev_en.php?ID=64661_201&ID2=DO_TOPIC). El Plan prevé la participación de las comunidades afectadas en el manejo de las zonas de preservación, de conservación y de producción, con el objetivo de lograr mejores resultados en el plano de la conservación, y de acrecentar al mismo tiempo los medios de subsistencia de las comunidades locales. También se prioriza la mejora de la agricultura, la explotación sostenible de los productos del bosque y el ecoturismo. Se incluye a los representantes de las comunidades, del gobierno local y de las ONG locales en la estructura de gestión, lo cual representa un primer paso muy importante.

Los sistemas basados en reglamentos pueden funcionar bien, siempre que sean compatibles con las realidades locales y que ofrezcan alternativas a quienes se vean privados de derechos de uso y de medios de vida. Dado que la naturaleza tiene valores diferentes para los diversos actores, es indispensable lograr que exista una buena comunicación entre ellos y encontrar puntos de entendimiento. No es fácil trabajar a nivel comunitario en el Sureste de Madagascar, debido a las enormes distancias y a la ausencia de infraestructuras; sin embargo, proyectos como el de Azafady demuestran que los miembros de la comunidad están motivados para la conservación, incluso si los beneficios se hacen esperar hasta la próxima generación. Está previsto empezar a aplicar el régimen de protección temporaria en Tsitongabarika a partir del mes próximo, y emprender un proceso de consulta integral de la comunidad y una evaluación de impacto ambiental y social. El sistema de gestión de TGK fue extendido el mes pasado a todas las SAPM de la región, de modo que todos los bosques protegidos de la zona seguirán el mismo modelo. Las ONG como Azafady deberán ahora ayudar a las comunidades a hacer oír su voz, y a asegurarse de que el desarrollo (en materia de agricultura, formación de capacidad, generación de ingresos y salud) les traiga beneficios, a cambio de la aplicación de las medidas de manejo indispensables.

Por: Gabrielle Smith y Emahalala Rayonné Ellis (Lala),
AZAFADY, Madagascar, www.azafady.org, correo electrónico: gaby@azafady.org.

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